En una reciente entrevista con Belén Gurruchaga, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua de Villa de Merlo, la cooperativa expresó su sorpresa ante la presentación del proyecto de ordenanza municipal sobre la "Gestión, Administración y Uso del Agua Potable". Según Gurruchaga, la cooperativa no fue informada oficialmente sobre este proyecto, enterándose a través de los medios de comunicación y redes sociales.

El proyecto, presentado la semana pasada por el ejecutivo municipal en el Consejo Deliberante, busca que el municipio asuma ciertas responsabilidades relacionadas con el servicio de agua, algo que ha generado preocupación en la cooperativa, principalmente por la falta de un diálogo previo. Gurruchaga destacó que, si bien el diálogo con el municipio ha sido abierto en otras áreas, como la gestión de conexiones y roturas, esta vez la comunicación falló, lo que sorprendió al Consejo.

Uno de los puntos que más inquieta a la cooperativa es la intención de que el Consejo Deliberante participe en la definición de las tarifas del servicio. "No está mal que exista un control externo", señaló Gurruchaga, "pero las tarifas deben basarse en los costos operativos reales, y politizar este proceso podría desfinanciar la cooperativa".

Otro aspecto crítico es la posible tercerización del servicio de agua a una empresa privada, lo cual preocupa a la cooperativa, ya que afectaría su misión de servicio social sin fines de lucro. La presidenta también subrayó que la cooperativa tiene mecanismos de control internos y que el 90% de los usuarios son asociados con voz y voto en las asambleas.

En cuanto a la situación del recurso hídrico, Gurruchaga destacó que la cooperativa enfrenta limitaciones en la provisión de agua cruda, especialmente en los meses de mayor demanda, lo que les lleva a solicitar que no se habiliten nuevos loteos ni actividades comerciales de alto consumo hasta que el gobierno provincial garantice una provisión continua de agua.

El comunicado de la cooperativa, enviado al Consejo Deliberante y a los medios, hace un llamado a que las universidades locales participen en la evaluación técnica y que se incluya un contralor especializado en la revisión de las tarifas y la gestión del servicio.

En conclusión, la cooperativa no se opone a la creación de un ente regulador, siempre y cuando este se base en criterios técnicos y no políticos, y que se mantenga la autonomía de la cooperativa en la fijación de tarifas y gestión del servicio.

Fuente: Sergio Bringas.